Reformas en la ley Minera enfrentan al Gobierno y los ambientalistas.

La propuesta de crear un Consejo Minero, conformado por representantes del Gobierno y mineras que operan en el país, contenida en la reforma a la Ley de Minería, presentada al Congreso el pasado viernes por Erick Archila, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), ha generado una ola de críticas de las organizaciones ambientalistas que ven en esa iniciativa una concesión a las industrias extractivas que podría influir en el otorgamiento de nuevas licencias. 

La integración del Consejo Minero sería similar al consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación que es presidido por el MEM.

Además estaría conformado por un representante del Ministerio de Ambiente, de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, de la Asociación Nacional de Municipalidades, del Instituto Nacional de Fomento Municipal, de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), y los alcaldes de las comunidades donde llevan a cabo explotaciones mineras cuando el tema a tratar los involucre.

Facultades del Consejo

Archila dice que el Consejo creará mecanismos de seguimiento y fiscalización a nivel interinstitucional para mejorar la actuación del Estado al abordar los temas mineros.

Sobre las críticas, Archila señala que el Consejo Minero no aprobará licencias, lo que debe buscar es conformar un solo órgano de discusión como funciona en Perú, Colombia y Chile para abordar temas como la gestión de las regalías a la industria o problemas ambientales. 

La discusión de las regalías debería ser lo más complicado, no la integración del Consejo, resaltó Archila. La propuesta incrementaría las regalías desde el uno por ciento para materiales de construcción hasta el diez por ciento para tierras raras y el cinco por ciento para metales preciosos.

Carlos Cerezo, abogado ambientalista, señaló que no es necesario crear otro consejo minero, porque ya hay leyes que ordenan la coordinación interinstitucional de todos los ministerios, secretarías y entidades públicas. 

El ambientalista señala que esta iniciativa solo generará más burocracia, duplicidad de funciones y un vacío legal, ya que crea un súper consejo que tiene jerarquía, pero que no está obligado a nada en la ley y no se sabe quién lo manda.

Mario Marroquín, presidente de la Gremiext, se abstuvo de opinar al respecto y señaló que ayer solicitaron la iniciativa de ley para analizarla.