Industria Militar (IM), dependencia adscrita al Ministerio de la Defensa, entidad que en menos de ocho meses en la presente administración ha obtenido contratos por más de Q334 millones, modificó su razón social. Ayer, el diario oficial publicó un sexto acuerdo gubernativo, en donde se limitan las funciones de IM y establece que ya no podrá comercializar bienes entre Organismos del Estado ni municipalidades.
La institución fue cuestionada por los diputados opositores, ya que a finales del año pasado el Ejecutivo autorizó ampliar sus fines operativos para los cuales fue creada. Dicha modificación detallaba que se podría importar y distribuir equipos de toda clase con el Ejército de Guatemala y otras entidades públicas y autónomas.
El nuevo acuerdo sintetiza que ya no podrá ejercer como “intermediario” y que la distribución de artículos, bienes, equipos y suministros se hará exclusivamente con la institución armada. El cambio también le permite adquirir armas deportivas y armas de acción por gases comprimidos.
El sexto cambio
El pasado 13 de marzo, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) opinó que las instituciones que conforman el sector público no deben tener un fin comercial. “El lucro queda fuera de sus objetivos, atribuciones y competencias”. La ponencia del ente fiscalizador fue respaldada por las bancadas Encuentro por Guatemala (EG) y Libertad Democrática Renovada (Lider). IM obtenía del cuatro al seis por ciento de ganancias por contrato.
El vocero del Ministerio de la Defensa, Erick Escobedo, indicó que la razón de la reforma fue para “retomar los objetivos para los cuales fue creada IM”.
El acuerdo fue firmado el miércoles, mismo día que la Contralora General de Cuentas anunció demandas contra los ministerios que habían adjudicado contratos a IM para evadir la Ley de Contrataciones del Estado.
La diputada de EG Nineth Montenegro dijo estar complacida con la decisión de restringir las potestades de IM, ya que la reforma hecha por los diputados abría la puerta para realizar compras en forma directa, sin licitar.
El mandatario Otto Pérez indicó que se tomaron en cuenta las recomendaciones de la Contraloría acerca de las compras sin control.
“Reconocen que hay errores”
La bancada Lider cuestiona desde hace varias semanas al ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín, por adjudicaciones por un total de Q96.1 millones con IM. Según la diputada Delia Back, si el Ejército se retracta, es porque reconocen que existen errores.
Orlando Blanco, representante del bloque UNE, dijo que la decisión es “correcta”, aunque aclaró que esto no exime la responsabilidad de IM por haber entregado producto de mala calidad o que exista sobrevaloración en sus precios en contratos realizados. Refirió que con la nueva reforma, la CGC podrá fiscalizar las ganancias que obtuvo la dependencia, ya que antes solo podía ser auditada por el Ejército.
La bancada del Partido Patriota (PP), junto con sus aliados, aprobaron el año pasado por medio de un decreto legislativo las capacidades que tenía IM para fabricar, importar y distribuir artículos. La normativa dejaba la “puerta abierta” para que la dependencia militar realizara cualquier tipo de acciones y comercializara otros productos.
Luis Fernández Chenal, subjefe de la agrupación, aclaró que la modificación autorizada por el Ejecutivo es importante, ya que se tomaron en cuenta las recomendaciones de la CGC.
¿Y las compras realizadas?
Los congresistas de oposición solicitan ahora una respuesta del Ministerio de la Defensa, sobre qué pasará con los procesos ya adjudicados y que aún están pendientes de entregar. Montenegro explicó que la próxima lucha será pedir a cada entidad, que comercializó con IM, los productos adquiridos para verificar la calidad y su precio en el mercado.
Back indicó que su agrupación ya presentó denuncias contra la cartera de Cultura, segundo cliente más fuerte de la entidad militar, porque más de 150 mil pelotas adquiridas estaban en mal estado, y hasta ahora se desconoce si el producto se reintegrará o se devolverá el dinero.
El vocero de la institución armada explicó que tendrán que reunirse con las instituciones que habían solicitado sus servicios, para definir el futuro de los contratos.
El Ministro de Gobernación anunció en marzo pasado que adquiriría al menos 6 mil armas para la Policía Nacional Civil por medio de Industria Militar. Ayer, indicó que ante la reforma deberán buscar otra forma para obtenerlas.
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