En la misiva, el legislador recomienda al empresario Benjamín Méndez López, quien es propietario y representante legal de la Constructora Méndez L.
“Además de la amistad que tenemos, me brindó apoyo personal y político en la campaña recién pasada”, se lee en el documento. Dos días después de recibida la notificación, Cabrera responde con fecha 27 de junio, que dará trámite a la solicitud toda vez cumpla con los procesos de licitación para participar en procesos de construcción.
Seis meses después, la Constructora Mendez L ganó un concurso, contra otras dos empresas que participaron en la licitación para construir una escuela en el municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché, por Q509 mil. Méndez L ha obtenido contratos de construcción de infraestructura con el Estado por Q14 millones, según el portal de Guatecompras, y esa era la primera vez que participaba con el actual gobierno.
Divisiones e intereses
Consultado sobre la carta, el diputado Batres Rivera dijo que es falsa, ya que no tiene ninguna relación con constructoras en Quiché. “Yo soy vendedor de medicamentos y mi campaña la financié con mis propios recursos”, explicó.
Señaló que desde que entró al PP no quiso “jalar” con los diputados de su bancada ni con el Gobernador Departamental, a quien aseguró que desde hace un año no lo ve. Refirió que esta campaña en su contra podría ser efectuada por “ciertos” miembros de su propio partido.
El 8 de marzo pasado, Gualter Yovani García Navas presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra del legislador por los delitos de abuso de autoridad y cohecho pasivo.
En la denuncia se plantea cómo Batres, “supuestamente”, pretende favorecer a Méndez López.
La Ley contra la corrupción
Aunque la recomendación de Batres a un constructor local para obtener contratos puede considerarse como tráfico de influencias, este acto ocurrió antes de la vigencia de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, aprobada en octubre de 2012 por el Congreso, la cual tipifica los delitos de testaferrato, el cobro de comisiones, tráfico de influencias, nombramientos ilegales y el cohecho.
De acuerdo con David Gaytán, analista de Acción Ciudadana (AC), este caso es un ejemplo de tráfico de influencias, en donde de oficio debería de actuar el MP y la Contraloría General de Cuentas.
Gaytán refirió que había que analizar si en este caso es aplicable a esta ley.
El legislador respondió en forma sarcástica, que se le dijera en qué mes había sido aprobada la ley para ver si se le “juzgaba”. Batres Rivera fue uno de los principales financistas de la campaña presidencial de Otto Pérez Molina. y su hijo, Arturo Batres Gil, es secretario privado de la Vicepresidencia.
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