Exjefe de Estado y exdirector de Inteligencia en debate por genocidio

José Efraín Ríos Montt encara a la justicia, 31 años después de llegar al poder por medio de un Golpe de Estado.

Erguido y con la vista al frente, el general José Efraín Ríos Montt entró ayer a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, para ser juzgado por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. Sentado por horas a la derecha de sus juzgadores, el General hacía anotaciones en una libreta y por momentos parecía no prestar atención a lo que acontecía. Más de tres décadas después, los ojos del mundo volvieron a mirarlo.

La imagen del General se alejó de aquella figura que en los años ochenta pronunciaba eufóricos discursos para la televisión nacional: “Estoy confiado en mi Dios para que yo no defraude a la oficialidad, ni mucho menos a un pueblo”, declaró el 23 de marzo de 1982. Entonces tenía 56 años, hoy tiene 86 y su voz ya no es la misma, sus circunstancias tampoco.

Ríos Montt no quiso intervenir durante el juicio. Pocas veces se inclinó hacia sus costados para cruzar breves palabras con sus abogados defensores y de inmediato enderezar su postura con la espalda perfectamente recta. Se negó a declarar ante el tribunal, alegó padecer problemas de sordera y se negó a hablar con la prensa. Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia Militar y juzgado al lado del expresidente, tampoco quiso declarar.

Recurso tras recurso 

A las ocho de la mañana de ayer, el atrio de la Plaza de los Derechos Humanos ya era ocupado por más de cien personas que se enfilaban para entrar a lo que muchos medios titularon como “El Juicio del Siglo”. Media hora más tarde dio inicio la primera audiencia del debate, y minutos después los recursos de la defensa. 

Antes de que Jazmín Barrios, titular del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, declarara abierto el debate debió rechazar seis acciones legales. A las 10:06 horas se abrió formalmente el juicio. 

El fiscal Orlando López detalló que la acusación contra Ríos Montt y Rodríguez consiste en que durante su periodo presidencial, se consideró al cien por ciento de la población maya ixil, como enemigo interno, además se autorizaron y ejecutaron los planes militares Sofía y Victoria 82, para fortalecer la lucha contrainsurgente, se ejerció una censura sistemática contra medios de comunicación y se difundieron mensajes “nacionalistas” contra los Ixiles. 

El  querellante Edgar Pérez indicó que los acusados “conformaron una estructura militar que operó con racismo y sometió a tratos crueles y de servidumbre a la población ixil”. 

César Calderón, representante legal de Rodríguez Sánchez, argumentó que su cliente “jamás ordenó que fuera disparada una sola bala durante el conflicto armado”, aduciendo que en 1982 solo tenía el cargo de Teniente Coronel y no tenía ninguna posición jerárquica para emitir órdenes de ese tipo. 

Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt, declaró: “El único pecado de mi defendido fue infundir moral y ejercer el gobierno en un momento importante del país”. Ambos juristas argumentaron que el juicio contra los militares es una “venganza ideológica” y sostuvieron que en el país no hubo genocidio sino un conflicto armado interno. 

Juicio con una tarjeta roja 

Después de los alegatos iniciales, García Gudiel, quien ayer fue designado como abogado de Ríos Montt, recusó a la presidenta del Tribunal y al vocal Pablo Xitumul, alegando que tenía enemistad grave con ambos. 

Barrios resolvió sin lugar esa petición argumentando que la enemistad alegada se había extinguido cuando el jurista pidió disculpas públicas a los dos juzgadores, sin embargo, “para garantizar la transparencia”, delegó la defensa de Ríos Montt en los abogados César Calderón y Moisés Galindo, y finalmente ordenó al abogado García Gudiel que abandonara la sala de audiencias.

Tras sendos alegatos de los otros juristas y el rechazo de sus acciones por parte de la jueza, García salió de sala y aseguró que presentaría acciones legales ante la Junta de Disciplina judicial contra el tribunal en pleno. Mientras tanto, los abogados Calderón y Galindo se negaron a ejercer la defensa de Ríos Montt, pero la jueza ordenó que el debate continuara.

Palabras de militar 

Los miembros del tribunal explicaron a ambos acusados los señalamientos que la fiscalía formula en su contra, y preguntó si los habían entendido. Los dos militares indicaron padecer problemas auditivos, por lo que los juzgadores les permitieron colocarse audífonos. 

Ambos militares se negaron a declarar ante el tribunal, por lo que solo recitaron sus datos de identidad. “Fui militar durante 60 años”, dijo Ríos Montt. Rodríguez detalló que había servido al Ejército 33 años. 

Durante un breve receso, miembros de los medios de comunicación intentaron abordar a Ríos Montt, pero este se limitó a decir: “Si digo algo lo van a usar en mi contra, no puedo hablar”, lo mismo dijo cuando terminó la audiencia. 

Rodríguez alegó que el juicio en su contra es político: “Aquí lo que va a pasar es que las víctimas van a pedir resarcimiento en tierras y eso va a generar un problema étnico”, predijo el militar. Cuando se le preguntó cómo explicaba la muerte de niños y niñas en las comunidades ixiles, respondió: “No sé, hubo excesos de un lado como de otro, yo no me puedo estar echando la culpa, simplemente no lo sé”. 

Continúan proceso

>Para hoy fueron citados: José Luis Quilo Ayuso, Roberto Efraín Rodríguez Girón, Benjamín Rafael Francisco, Carlos Leonel Méndez Tejada y Rodolfo Robles Espinoza, peritos militares y antropológicos propuestos por la defensa de Ríos Montt.