EG presentará demanda contra Directorio del Renap

La bancada Encuentro por Guatemala anunció que interpondrá una demanda en contra del Directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap), y en concreto contra su director ejecutivo, Rudy Gallardo, por la adjudicación por excepción a la empresa extranjera Easy Marketing del contrato para la captura de datos para la emisión del Documento Personal de Identidad (DPI), por un monto de Q218.4 millones.

Los diputados del grupo, Leonel Lira, Nineth Montenegro y

Luis Pedro Álvarez, denunciaron que todavía no se ha rescindido dicho contrato, pese a que la Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió un dictamen desfavorable contra el mismo.

La CGC determinó que el criterio de compra por excepción no era válida, ya que el Renap “no cuenta con suficientes oficinas en el extranjero para dotar de documentación a los guatemaltecos en el exterior”, explicó Elizabeth Pacajá, directora de auditoría gubernamental de la CGC. 

Además, reclamó la inexistencia de un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y criticó que el acuerdo “carece de requisitos previos y podría contener una dualidad” con el que se firmó en 2009. 

Segunda opinión en contra

El Consejo Consultivo del Renap había recomendado al Directorio, en un acta con fecha de 5 de julio, no aprobar y dejar sin efecto el contrato por excepción entre la institución y la empresa. 

En la misma, ordenaba a Gallardo que retomara “de inmediato el estudio del tema para cumplir las funciones (del Renap) en el exterior”, informó Gladys Barrios, miembro del Consejo. 

Los diputados de Encuentro por Guatemala criticaron que el Consejo Consultivo de la institución no cuente con injerencia en las decisiones del Directorio, para que este lleve a cabo la licitación del contrato. “Esto es preocupante”, afirmó Montenegro.

Preguntado al respecto, Julio Alvarado, miembro del Directorio del Renap, argumentó que el Consejo se pronunció una vez cuando ya se había aprobado el contrato. 

En cuanto al dictamen de la CGC, Alvarado argumentó que no han tomado ninguna decisión sobre la anulación o no del mismo, ya que la Contraloría todavía no ha enviado “un documento oficial” de su análisis.

A falta de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) se pronuncie al respecto, ya serían dos las entidades que se han posicionado en contra del contrato.