El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), así como las empresas portuarias del Estado son los mayores contratantes de obras del país, instituciones de las cuales se benefician, principalmente, un grupo de empresas bien conectadas con los gobiernos de turno, que logran los contratos más grandes, muchos por excepción o sin competencia en las licitaciones.
Un ejemplo de ello es el de la empresa Distribuidora de Maquinaria para la Construcción, S. A. (Meyco), que fue adjudicada el pasado 1 de agosto por la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) con un contrato por Q91.7 millones, para la ampliación y dragado de la dársena de maniobras del puerto caribeño, a pesar de que dicha constructora carece de experiencia en este tipo de proyectos, y en una licitación pública en la que fue la única empresa oferente.
Las bases de la Licitación Pública 11-2013 “Ampliación infraestructura portuaria, dársena de maniobras del Puerto de Santo Tomás de Castilla”, publicada por la Empornac el 24 de mayo pasado en el portal Guatecompras, detallan que el trabajo debía realizarse en un área de 393 mil 830.8 kilómetros cuadrados y con una profundidad de -11 metros, con un presupuesto máximo estimado para la obra de Q92 millones 456 mil 977.20
La recepción de ofertas se realizó el 11 de julio pasado a las 9:00 horas, y cerró 30 minutos después. Distribuidora Meyco fue la única empresa que ofertó con Q91 millones 707 mil 427.93.
Después de solicitar dos prórrogas, de cinco días cada una, para analizar la oferta técnica y económica de Meyco, la Junta Calificadora de la licitación le otorgó una calificación de 96 puntos de cien posibles. El costo ofertado por la empresa obtuvo una calificación de 40 puntos, de 40 posibles; el plazo de ejecución propuesto 20 puntos, de 20 posibles; la disponibilidad del equipo para realizar la obra obtuvo 15, de 15 posibles; y 5 puntos, de 5 posibles, por su plan de higiene y seguridad industrial. En cuanto a la experiencia del oferente en este tipo de proyectos, un criterio clave para adjudicar cualquier obra pública fue valuado en diez puntos, de los cuales la empresa solo obtuvo seis debido a que no cumplía con el requisito estipulado en las bases de la licitación de haber realizado al menos tres obras con complejidad similar o mayor, según el Acta 020-2013.
La única experiencia anterior de Distribuidora Meyco en obra pública son dos contratos de reconstrucción de dos tramos de carreteras en 2011: De Sumpango, Sacatepéquez, a Pastores, Chimaltenango, y el mejoramiento del tramo de Iztapa, Escuintla, a Monte Rico, Santa Rosa.
Pese a que el precio ofertado por Meyco fue de Q91 millones 707 mil 427.93, según fuentes internas de la portuaria, la Empornac pretende autorizar una ampliación a dicho contrato en un 40 por ciento, es decir unos Q36 millones 692 mil 971.17 más; en total, la ampliación y el dragado de la dársena se adjudicaría a la Distribuidora Meyco por un total de Q128 millones 390 mil 399.10
En el país, los trabajos de dragado y ampliación de dársenas para maniobras han sido realizados por empresas extranjeras. Un ejemplo de ello fue el del puerto de Champerico, Retalhuleu, cuya dársena fue trabajada desde 2006 a un plazo de 18 meses por la constructora holandesa Vann Oord, y la firma Royal Haskoing, como unidad supervisora. Sin embargo, el proyecto fue calificado por el gobierno de Álvaro Colom como un fracaso, debido a errores de diseño que afectan a las embarcaciones de pescadores que enfrentan problemas para adentrarse en el mar, en donde se perdieron Q404 millones.
Sin respuestas
elPeriódico intentó entrevistar a Luis Gómez, interventor de la Empornac, para conocer los motivos de la adjudicación del dragado de la dársena a Distribuidora Meyco; sin embargo, este se encuentra fuera de país, según indicó el coordinador de Relaciones Públicas de dicha entidad, quien informó que se debe hacer una solicitud de entrevista por escrito, la cual espera respuesta.
“Agatha” y los negocios familiares
Distribuidora Meyco fue fundada el 2 de enero de 1996 por Mario Raúl Aparicio Cóbar, y pertenece a un grupo empresarial que incluye a otras empresas contratistas como Constructora Jireh, S. A., Montañas Nacionales, S. A., Servicios Calificados de la Construcción, S. A. (Serdelco) y Hashim y Aparicio Fundición Industrial, que se ha consolidado como uno de los mayores constructores del Estado, con contratos por más de Q1.8 millardos en los últimos dos gobiernos.
Durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2007), las empresas del Grupo Aparicio obtuvieron contratos del Estado por un monto de Q90.69 millones, según el portal Guatecompras. El gran salto de los Aparicio como contratistas fue durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2011), cuando obtuvieron contratos por Q1.436 millardos, de los cuales Q141.9 millones corresponden a los trabajos de emergencia por los daños causados por la tormenta Agatha, en mayo de 2010.
Durante los 18 meses que lleva el actual gobierno de Otto Pérez Molina, el CIV y la Empornac les han adjudicado a las empresas del Grupo Aparicio obras por un total de Q366.8 millones.
Empresas del grupo
Mario Raúl Aparicio Cóbar comparte con su hijo Jaime Ramón Aparicio Mejía, la representación legal de Serdelco, la cual fue beneficiada por el CIV con contratos por un total de Q722.4 millones en los últimos ocho años. Durante el gobierno pasado les fueron adjudicados un total de Q661.9 millones en obras públicas. El volumen de contratos se disparó a partir del Estado de Calamidad por la tormenta Agatha, en 2010. Uno de los representantes legales de Serdelco fue Armando Escribá, quien se desempeñó como director de la Unidad de Conservación Vial (Covial) y del Fondo de Solidaridad durante el pasado Gobierno.
Otra de las empresas del grupo es la Constructora Jireh, S. A., representada por Jaime Aparicio Mejía, a la que le han sido adjudicados contratos por Q815.76 millones durante los últimos ocho años, de los cuales Q516.8 millones fueron otorgados durante la gestión de Álvaro Colom, y acumula un total de obras por Q238.2 millones con el actual Gobierno.
Montañas Nacionales, S. A., parte también del grupo constructor de los Aparicio, ha obtenido contratos con el Estado por un monto de Q171.4 millones durante los últimos tres años.
elPeriódico intentó comunicarse con Mario y Jaime Aparicio; sin embargo, los teléfonos registrados de sus empresas algunos se encuentran desconectados, y en otros no respondieron.
No obstante, en una entrevista con elPeriódico en marzo de 2012, Jaime Aparicio declaró que las empresas Jireh y Serdelco han sido favorecidas con contratos con el Estado por su reconocida trayectoria, sus precios de mercado y que cuentan con la mejor tecnología de la región, además de que nunca han incumplido un contrato. Aseguró que sus socios carecen de conexiones políticas.
Comportamiento común
Consultado al respecto, David Gaitán, consultor de Acción Ciudadana Capítulo nacional de Transparencia Internacional, comentó que se trata de un comportamiento común en las instituciones del Estado, donde las sospechas inician desde la redacción de las bases de licitación, en donde se les asigna puntuaciones a parámetros básicos como la tenencia del equipo y se demerita la experiencia del oferente. “Es algo que pasa mucho con las instituciones de este Gobierno”, dijo.
“Cuando existe un solo oferente no tiene sentido hacer una calificación porque esta se hace respecto de otras ofertas, debe hacerse un procedimiento diferente. Este tipo de acciones hace pensar que la adjudicación desde el inicio va dirigida a una empresa, en este caso la que fue adjudicada; pero, como existe una baja fiscalización en las instituciones, es difícil comprobar si hay o no corrupción”, comentó Gaitán.
Por otro lado, destacó que los
vínculos políticos serían evidentes si la Ley Electoral y de Partidos Políticos fuera más fuerte al momento de solicitar el listado de financistas.
“No es extraño que en cada gobierno surjan nuevas empresas que comiencen a manejar fondos del Estado, y se percibe cuando estos grupos empresariales no son afines al partido gobernante pierden contratos y notoriedad en el mercado”, concluyó.
Deuda de arrastre esperan pago con la emisión de los bonos
En correspondencia con la influencia y los contratos obtenidos en los últimos años, las empresas del Grupo Aparicio también figuran entre las constructoras a las cuales más adeuda el Estado por concepto de deuda flotante.
En el Informe sobre los Compromisos de Deuda Ejecutada no Pagada hasta 2011, elaborado por el CIV, figura la Constructora Jireh, S.A., la cual posee ocho contratos de 2008 a 2010, en donde el Ministerio no canceló obras trabajadas y le adeuda un total de Q64.764 millones.
La empresa Serdelco aparece con cuatro contratos por obras no pagadas entre 2009 y 2010, los cuales suman Q23 millones 3 mil 837, según los reportes del Ministerio de Comunicaciones.
En total, el CIV le adeuda a las empresas del Grupo Aparicio un total de Q87 millones 768 mil 701, que podrían ser cancelados si el Congreso de la República aprueba la emisión de bonos por Q3.2 millardos que ha solicitado el Ministerio para cancelar la deuda flotante a sus contratistas.
Este adeudo se redujo luego de que el CIV realizó una auditoría a las obras en donde depuró los contratos que no habían sido cumplidos o que fueron ejecutados de manera ilegal. En este sentido, se resaltan tres contratos anulados a la Constructora Jireh por un monto de Q46 millones 505 mil 873; un contrato por Q13 millones 118 mil 481 anulado a Serdelco, y otro de Q4 millones 572 mil con Montañas Nacionales, los cuales suman un total de Q59.6 millones.
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