"La reforma a la Contraloría limita los principios constitucionales”

El abogado Gabriel Orellana analiza la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. En su opinión, esta reforma no es viable pues restringe el poder de la institución. 

¿Evalúa algún punto positivo de esta propuesta de reforma?

– Yo no le veo nada de positivo a una ley que denota el espíritu de coartar y de restringir los poderes de fiscalización de un ente constitucional como la Controlaría General de Cuentas (CGC). Un régimen republicano y democrático está sustentado en el control inter e intraorgánico, y en este caso la CGC es uno de los entes que tiene a su cargo el control interorgánico. Son pocos los

poderes que se le han dado, debería tener más. En este caso hay intereses especiales que tienden a restringir esta potestad.

¿Cuáles son los puntos que impactan más en este proyecto?

– A mí me preocupa en términos macros el tema de la negativa al derecho a la información para la Contraloría. Otro aspecto que consterna es que se permitan controles paralelos, no estatales. Además, me preocupa que una ley tan nefasta como esta, pueda retroceder o mejorarse más adelante. Esta propuesta, lejos de resolver los problemas los complica, no se pretende proveer a la Contraloría poderes de fiscalización mucho más fuertes y efectivos de los que ahora tiene.

¿Cómo evalúa la propuesta de que exista un consejo o comisión superior a la Contralora? 

– Es absolutamente inconstitucional. Lo que se pretende es mediatizar la función de la Contralora como tal, es ponerle una camisa de fuerza a una persona que en este caso tiene una función específicamente establecida por la Constitución. Es más, un órgano como ese no está contemplado en la Carta Magna.

¿Qué artículos de la Constitución contravienen esta iniciativa de ley?

– La norma que rige, en estos casos, es que la Constitución debe ser interpretada conforme a sus valores y principios. La pregunta básica que se debe hacer cuando hay este tipo de esperpentos es si tienen la finalidad de fortalecer esos principios, o de lo contrario, es una forma velada de limitarlos. Yo creo que en este caso estamos ante lo último. Es un instrumento legal diseñado para impedir que la Contraloría realice la función que la Constitución le permite hacer. 

¿Quién debe fiscalizar a la Contraloría?

– Nosotros, la prensa, los ciudadanos. Nos olvidamos de que la Constitución Política de la República le impone al MP la función de velar por la recta aplicación de la ley, que hasta hoy, ha sido abandonada y que es la más importante. Es decir, que el contralor natural de la Contraloría puede ser el Ministerio Público.

¿Esta iniciativa podría ser un encargo del Ejecutivo para controlar a la CGC?

– Indudablemente hay intereses. No puedo sindicar en este momento al Presidente o a la Vicepresidenta porque no tengo las pruebas en la mano. Pero sí le puedo decir que hay una razonable sombra de duda de la buena intención que ellos tienen, porque están próximos a entregar el cargo, y lo que ellos quieren es cubrirse de los desmanes que han o no han realizado. Si esta es una de las posibilidades, es muy razonable que esto podría ser.