El informe presentado el 6 de enero por la Comisión Presidencial de Transparencia (Copret) expuso como caso paradigmático, el de la congresista Julia Maldonado. La diputada que perdió la inmunidad luego de que declararon con lugar un recurso que presentó, en el que alegaba que las funciones de la Secretaría eran inconstitucionales.
Los escasos logros de esta oficina a cargo de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, reflejan cómo en 2013 menguó la cacería de brujas en busca de funcionarios y empleados corruptos.
La dependencia contó con más de Q27 millones de presupuesto el año pasado, para 2014 le situaron la misma cantidad. A la Fiscalía contra la Corrupción, que constitucionalmente tiene a su cargo esas funciones, le asignaron Q7 millones 122 mil 679 el año pasado.
La cruzada anticorrupción emprendida por la desaparecida Secretaría de Control y Transparencia (Secyt) alcanzó el clímax en 2012, luego de presentar un expediente por lavado de dinero y fraude en contra de Maldonado, responsable del posterior cierre de esa oficina.
Ese año, la Secretaría de Conrol y Transparencia (Secyt) recibió 483 denuncias y entregó 24 casos al Ministerio Público (MP) relacionados con delitos de corrupción. Estas denuncias, según la dependencia, avanzaron apenas un cinco por ciento.
En 2013, la Secyt se transformó en la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret), luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) aceptara los argumentos de la diputada de Lider, sobre ilegalidad del actuar de esa oficina y la declarara inconstitucional el 29 de noviembre de 2012.
De acuerdo con el Informe de Avances Institucional enero-octubre 2013, a esa fecha la Copret había presentado tres casos a la Contraloría General de Cuentas (CGC) y ni uno solo al MP. Sin embargo, en la presentación del pasado 6 de enero la cifra alcanzaba las 12 querellas.
elPeriódico intentó conocer sobre estas denuncias, pero Verónica Taracena, responsable de la Comisión, se abstuvo de comentar sobre las mismas. “Semanalmente la Copret realiza visitas de seguimiento de los casos, pero por encontrarse en fase de investigación solo el MP puede informar sobre las mismas”, indicó la Comisionada.
Otras tareas
El año pasado, esta dependencia también emitió 127 alertas institucionales, luego de examinar el uso que hacen ministerios, secretarías y otras oficinas gubernamentales de sitios como: Sicoin, Siges y Guatecompras.
Además, abrió 704 expedientes para seguimiento, entre los cuales se encuentran 101 que corresponden al Ministerio de Salud, 20 a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, 13 a la Vicepresidencia de la República, 39 al Ministerio de Agricultura, 71 al de Comunicaciones, 62 a la cartera de Finanzas, 37 a la del Interior, 34 a la de Educación y al de Cultura, 27.
Taracena mencionó que las alertas institucionales están catalogadas como “medidas preventivas”. “Si no son atendidas adecuadamente pueden convertirse en posibles actos de corrupción”.
Aclaró que a la Copret “no le compete establecer si son o no actos de corrupción, solo puede sugerir medidas preventivas”.
Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala (EG), fue crítico al hablar sobre el trabajo de esta unidad. “Es una instancia cuestionada porque no se puede ser juez y parte al mismo tiempo”, dijo.
“No han ofrecido resultados impactantes como han presentado N/número de investigaciones y ello se ha reflejado en N/cantidad de denuncias con el impacto de ahorro en N/millones de quetzales”, agregó el congresista.
Según Lira, la Copret es utilizada para desgastar a funcionarios no alineados al Presidente o la Vicepresidenta. “En la bancada hemos denunciado sobrevaloración de medicinas, equipo de cómputo, pilas, láminas que no se investigan porque son funcionarios o exfuncionarios afines al Gobierno, y no ha pasado nada”, ejemplificó.
El legislador recordó, además, cómo en su momento, EG denunció a Roberto Rodríguez, exinterventor de Aeronáutica Civil, pero las acciones se adoptaron después cuando este se enemistó con la cúpula del Partido Patriota (PP).
Tampoco prosperaron
Carlos Barreda, exviceministro de Finanzas y diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), opinó que a la fecha no hay claridad en las funciones de Copret: “Promueve políticas de transparencia o es un organismo fiscalizador”, señaló. En el último de los casos, esta competencia por ley le corresponde a la Contraloría General de Cuentas (CGC).
“Esta Comisión podría recibir denuncias y enviarlas a la CGC, pero también tendría que tener la capacidad de velar por la transparencia de los actos públicos del Estado en cuanto a compras y contratos, garantizar el acceso a información pública y que las distintas dependencias gasten de manera eficiente los recursos”, añadió Barreda.
Sin embargo, este objetivo está muy lejos de ser alcanzado, agregó el congresista.
Barreda también criticó cómo la Copret acciona en función de los problemas internos del PP o las directrices de Baldetti. Mencionó también que en dos casos presentados por ese bloque legislativo, la Comisión se constituyó en defensora de los señalados.
Uno fue contra el exministro de Finanzas Pavel Centeno, por el desvío de Q100 millones del Fideicomiso del Café, esta dependencia presentó un dictamen jurídico para exculparlo, mencionó Barreda, “y el otro fue contra el diputado oficial, Iván Arévalo, por manipular el Listado Geográfico de Obras. “Hizo una defensa oficiosa de una situación anormal”, añadió.
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La diputada Maldonado enfrenta proceso penal por malversación de fondos cuando estuvo a cargo del Consejo Nacional para la Juventud.
De Secyt a Copret
>El proceso para liquidar la Secretaría de Control y Transparencia (Secyt) fue el principal obstáculo que tuvo que superar la Comisión Presidencial de Transparencia (Copret) y el cual impactó en la disminución de denuncias presentadas al MP. La Secyt fue liquidada en febrero de ese año y hasta julio la Copret concluyó la tabla de puestos de trabajo. En agosto, se seleccionó el equipo, explicó la comisionada Taracena.
>Por esta razón se redujeron las denuncias, “por el corto tiempo de ejecución de Copret relacionado al periodo que ejecutó Secyt”, mencionó Taracena.
La funcionaria también señaló que a finales de 2013, la dependencia modificó la metodología y análisis de reporte de denuncias. “Tenía por objeto entrar a detalle de cuáles eran en contra de exfuncionarios y cuáles de funcionarios actuales. En octubre no se contaba con una cifra consensuada (por eso aparecen como cero). En enero de 2014, se contó con la información detallada”, aseguró.
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Desde el Ministerio Público
La Fiscalía Contra la Corrupción recibió:
447
Denuncias en 2012 y 244 en 2013.
Q7
Millones 122 mil 679 fue el presupuesto que se le asignó el año pasado.
52
Personas trabajan en esta sección del MP.
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