Los abogados defensores del exdiputado Juan Luis González García y Haward Gilbert Suhr Castellanos, exasesor de la Dirección General de Aeronáutica Civil, apelaron el fallo que ordenó cárcel en su contra. Esa medida mantiene suspendido el proceso contra ambos guatemaltecos en Honduras.
El recurso fue presentado por tres “causas de irregularidad legal” en el proceso: la primera detalla que fueron violados los derechos constitucionales de libre locomoción y de defensa, puesto que cuando los detenidos pidieron el auxilio de un abogado este también fue aprehendido.
La segunda, detallada en el recurso, refiere que los sindicados no han tenido acceso al expediente de acusación que la fiscalía hondureña presentó ante la judicatura a cargo del caso. En tercer lugar argumentaron que no existen suficientes elementos que vinculen a sus patrocinados en las acciones de narcotráfico y lavado de dinero que sostiene el ente investigador.
Elvin Guzmán, portavoz del Ministerio Público (MP) de San Pedro Sula, Honduras, informó que no se puede determinar el plazo que la Corte de Apelaciones de ese país tiene para resolver esa acción legal: “Fecha exacta no hay, la ley habla de 30 días pero siempre se demora más del tiempo establecido”.
Guzmán agregó que el recurso legal interpuesto en ese caso detuvo el proceso contra la supuesta red de narcotráfico y lavado de dinero, pues “mientras la Corte de Apelaciones no revoque o confirme el auto de prisión dictado por el juez no se pude hacer nada”.
La fiscalía a cargo del proceso estaba por solicitar al Ministerio Público de Guatemala informes sobre las personas involucradas en ese caso. Sin embargo, esta petición fue suspendida porque la defensa de los detenidos podría argumentar en el futuro que las pruebas “carecen de validez por el estado en el que se encuentra el proceso”, detalló el portavoz hondureño.
Datos alterados
La acusación que la fiscalía hondureña presentó contra los dos guatemaltecos y ocho personas más, detalla que el helicóptero matrícula TG-MEC, Modelo BEL206-LI, propiedad de la empresa Aerocentro (de la cual Suhr Castellanos es socio fundador), se desvió de su plan de vuelo original para hacer vuelos ilegales sobre La Mosquitia hondureña.
Desde diciembre pasado, las autoridades judiciales del vecino país intentan recuperar esa aeronave para continuar con la investigación, pero esto no ha sido posible.
Humberto Palacios Moya, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), declaró al periódico El Heraldo que recibió de parte de Aerocentro una fotografía del helicóptero, pero en ella la aeronave tenía características diferentes a la confiscada.
El aparato originalmente era de color negro, con franjas azules y moradas, pero en la imagen remitida a Palacios Moya aparece un helicóptero con una cobertura blanca “y con las siglas de la matrícula superpuestas en la cola”, cita el impreso.
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