El Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil resolvió, como medida precautoria, intervenir a 16 empresas y a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU). Lo anterior a solicitud de un grupo de cinco transportistas que piden la nulidad absoluta de las escrituras de constitución de las cuatro empresas que obtuvieron las licencias de operación del servicio de transporte público, de parte de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala, en marzo del 2010.
La resolución de intervención de las 16 empresas y de la AEAU fue emitida el pasado 18 de febrero e inscrita por el Registro Mercantil el 25 de febrero pasado, y por el Registro Civil del Ministerio de Gobernación en el caso de la asociación de transportistas urbanos.
La intervención judicial afecta a las empresas Rutas Metropolitanas de Transporte, Expansión Corporativa Milenium, Tendencias Modernas Latinoamericanas, Concesionarios de Transporte, Holding Transport Company Guatemala, Transportes Ciudad Real, Multiservicios y Sistemas Avanzados de Transporte (Mysatran), Movilidad y Marketing Corporativo (M.M.C.), Boletaje Electrónico, Sice Plaza América del Norte, Sice Gran Portal Petapa, Sice zona 10, Sice Petapa Expres, Go (Go Call Center para Todos S.A.), Regional T.V., Televisión Interactiva, así como a la AEAU.
Aníbal García, abogado de los transportistas demandantes, explicó que en la denuncia piden la nulidad de las empresas, ya que la notaria Ana Elizabeth Mancur Milián olvidó razonar al cierre de la escritura de constitución de las sociedades (Rutas Metropolitanas de Transporte, Expansión Corporativa Milenium, Tendencias Modernas Latinoamericanas y Concesionarios de Transporte, que tienen la licencia de operación del transporte urbano) que tenía a la vista las actas notariales de nombramiento del representante legal así como del acta de la asamblea de accionistas.
En dichas escrituras comparecieron 26 directivos de las cooperativas de transporte urbano a título individual y dos personas: Carlos Adolfo Martínez Martínez en representación de Ciudad Real, S.A. y Ramiro Antonio Vásquez en representación de Transportes Terrestres Reforma, S.A., quienes no identificaron el punto de acta de la Asamblea de Accionistas de sus respectivas entidades, que acreditara su facultad para participar en dicho acto, por lo que se presume que no existía.
Efectos legales de la nulidad
El Artículo 32 del Código de Notariado señala taxativamente que “la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de cuatro años, contados desde la fecha de su otorgamiento”.
“El efecto es que si las cuatro sociedades son nulas, son nulas también todas las sociedades que hayan constituido, todos los negocios que hayan realizado y todos los actos y contratos en los que hayan participado, es un efecto dominó. Es decir, nulo el Fideicomiso del Transporte de Pasajeros; anula todas las empresas en donde hayan participado, incluyendo su integración en la AEAU, y por lo tanto dejarán de cobrar el subsidio que les entrega el Estado”, destacó García.
Por lo anterior, los demandantes solicitan el embargo precautorio de las empresas mercantiles y de la AEAU, el embargo de las cuentas de depósitos monetarios y de ahorros de la notaria Ana Mancur, y que se declare con lugar la demanda de juicio de nulidad absoluta de los instrumentos públicos que continenen la constitución de las empresas de transporte y se declaren nulos todos los actos, contratos y negocios que hayan realizado o intervenido las empresas denunciadas, el fideicomiso de transporte, así como la licitación de las licencias de operación del transporte público, para que estas regresen a ser propiedad de todos los prestadores del servicio urbano, la compra de 455 buses azules y se resarzan los daños y perjuicios causados a los transportistas afectados.
Se espera que en los próximos días el juzgado dé posesión a un interventor, quien se encargará de tomar el control de la AEAU y de las empresas intervenidas, así como de sus finanzas, y realizar una auditoría forense para determinar el uso de los fondos y negocios alrededor del Transurbano.
Origen de la denuncia
Efraín Nicolás García Mazariegos, expropietario de cinco buses rojos que fueron retirados de circulación al ser sustituidos por el Transurbano, es uno de los demandantes, quien explicó que todo inició cuando entregaron los derechos de las rutas en 2009 y recibirían a cambio acciones del servicio nuevo, cosa que no ocurrió.
“Ellos crearon cuatro sociedades y con 28 directivos está el servicio urbano. Somos 1,325 socios y ellos crearon sociedades donde las escrituras están a su nombre. Son 28 dueños del transporte urbano en Guatemala y a nosotros nos dejaron afuera”, indicó García Mazariegos.
Desde esa fecha no hemos recibido un solo centavo por nuestras acciones, señaló el empresario. No sabemos qué negocios han hecho, pero creemos que ellos (los 28 directivos de las cooperativas de transporte que participaron en la creación de Transurbano) sí se han beneficiado, agregó.
De la misma forma, Luis Ramos Alegría, propietario de buses que circulan en El Milagro, zona 6 de Mixco, comentó que en los últimos dos años y medio los directivos de la AEAU y el Transurbano les han negado toda la información. Recuerda que en 2009, se les pidió Q10 por cada bus de su propiedad para conformar las sociedades y 2 mil 926 concesiones fueron entregadas en acciones.
“Se nos dijo que cada uno sería parte de esas cuatro sociedades y nadie se preocupó hasta que comenzaron a sacar los buses rojos y nos dimos cuenta de que todos habíamos quedado fuera. Nos enteramos en agosto de 2011, y por medio de una abogada pedimos nuestras acciones, pero solo logramos unas certificaciones ya que las acciones están pignoradas en el fideicomiso por los buses de Transurbano para respaldar un préstamo por la compra de los mismos”, indicó Ramos.
La AEAU se defiende
Consultado sobre la intervención, Luis Gómez, vicepresidente de la AEAU, dijo que no han sido notificados aún, pero ya tienen conocimiento de la denuncia presentada por los cinco transportistas.
Gómez asegura que hay un interés comercial por apoderarse del Transurbano bajo argumentos ridículos.
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