SAT confirma que Q500 millones son irrecuperables

Ese es el efecto de la suspensión del cobro del Iprima a la importación de tractores, el impasse de la Ley Aduanera, entre otras acciones

La primera estimación del efecto que tienen las acciones legales sobre la Reforma Fiscal es de Q500 millones que serán “irrecuperables” en la recaudación de este año, de acuerdo con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Abelardo Medina, intendente de Recaudación de la SAT, explicó que tres factores dejarán este agujero  en el presupuesto debido a que con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y el impasse para aplicar el cobro de multas que establece la Ley Aduanera, esos recursos son “irrecuperables”.

“La reforma no se trata solo del Impuesto Sobre la Renta (ISR)”, explicó el intendente al indicar que la CC suspendió el cobro del cinco por ciento del Impuesto a la Primera Matrícula (Iprima) a los tractores. Además, la SAT no podrá mejorar los controles sobre los gastos y costos deducibles de las empresas que se establecían en el Decreto 4-2012.

Para este año, el Presupuesto del Estado prevé ingresos tributarios por Q50.3 millardos, sin embargo, la SAT estima una recaudación con Q3.5 millardos menos de lo previsto.

¿Contrarreforma?

Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), se presentaron acciones de inconstitucionalidad contra 77 artículos de los decretos 4-2012 (Ley de Fortalecimiento a la Administración Tributaria II) y el 10-2012 (Actualización Tributaria).

Hasta ahora, la CC resolvió suspender provisionalmente cuatro artículos y declarar una inconstitucionalidad, para dejar sin efecto el pago del ISR de las pensiones y jubilaciones.

Ricardo Barrientos, consultor del Icefi, dijo que es poco probable que las acciones ante la CC tengan un impacto en la Reforma Fiscal, pero no descarta que los efectos más fuertes en los ingresos provengan de los acuerdos que se logren en la Mesa Técnica entre el sector privado y la Vicepresidencia de la República.

Para Barrientos, el mayor riesgo se da por la incertidumbre que existe en la agenda del Congreso, que deberá aprobar la reforma que envíe el Ejecutivo para modificar la actualización tributaria.