Declaró que no hubo genocidio, señaló que el testigo que lo incriminó es falso, negó y luego reconoció que su nombre de guerra era Tito Arias y se sumó a un comunicado de exfuncionarios que rechazan el juicio por genocidio que se sigue contra los militares retirados Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.
A raíz del proceso judicial, el Presidente ha sido criticado por organizaciones de Derechos Humanos, por lo que califican como una intervención del Ejecutivo en un proceso del Organismo Judicial.
“Lo que pasó en Alemania sí fue genocidio, pero decir que en Guatemala pasó lo mismo es un insulto”, esta fue la primera de muchas declaraciones dadas por él desde que se inició el juicio en marzo pasado.
La voz del mandatario se alza con el apoyo de grupos asociados al Ejército y a la elite empresarial como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), la Fundación contra el Terrorismo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Perseguido por “Tito Arias”
Pero sus declaraciones fueron tan solo el inicio de la polémica. El 4 de abril, el nombre de guerra de Pérez Molina regresó del pasado, cuando nadie lo esperaba en la Sala de Vistas donde se realiza el juicio contra Ríos Montt.
Hugo, un testigo protegido del Ministerio Público (MP), dio su testimonio en el que señaló que los soldados que ejecutaban las masacres seguían órdenes del mayor Tito Arias.
“Que ahora salgan testigos de ese tipo que le quitan toda la seriedad, pone en duda el juicio que se está llevando que hasta denominan histórico”, así descalificó Pérez la investigación del MP.
El periodo en que Efraín Ríos Montt estuvo a cargo del Gobierno, es el lugar y tiempo clave para buscar las evidencias sobre la responsabilidad de Pérez Molina durante el conflicto armado interno.
En esa época Pérez Molina fue ascendido al grado de Mayor del Ejército. En una columna escrita por él, publicada en Prensa Libre el 25 de julio de 2000, asegura que fue en julio de 1982 cuando fue asignado a la Fuerza de Tarea Gumarkaaj, con sede en Santa Cruz del Quiché. Luego explica que fue enviado como comandante de un equipo de combate al Triángulo Ixil, con sede en Nebaj.
“Mi estancia en esa área se extendió por casi un año, y constituyó una experiencia que dejaría una huella imborrable en mi vida personal y profesional”, indica en la columna.
El área Ixil comprende los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, en Quiché. Por tanto, según la columna, Otto Pérez era el responsable de los tres municipios, aunque la sede de operaciones estuviera en Nebaj.
En el documental de los periodistas Allan Nairn y Jean-Marie Simon, Titular de Hoy: Guatemala, filmado en 1982; los soldados destacados en Chajul, Quiché, describen cómo torturan a la población del lugar
“Se les saca la verdad pegándoles, lastimándolos o ahorcándolos. Si ya los interrogaron, lo que resta es matarlos. La mayoría se mata. Cuando se entra a una aldea se pregunta a la gente, se les saca de las casas y se registran. Si ellos no quieren el bien, no resta más que bombardear las casas con granadas o bombas colectivas”, dicen los soldados.
El jueves pasado, el Presidente contradijo esa columna escrita por él, al decir que no controlaba el área Ixil, sino el área de Nebaj. “No era responsabilidad mía. Había responsabilidades delimitadas y entre ellas el área de Chajul y Cotzal”, resaltó.
Además, aseguró que sí utilizó un seudónimo de guerra, el cual era Tito Arias, pese a que hace algunas semanas había negado su nombre. “Lo utilicé porque acababan de matar a uno de los oficiales que había venido del Triángulo Ixil. Estábamos autorizados para utilizar esos seudónimos de guerra para proteger la vida de los oficiales y de sus familias”, declaró.
Luego de “Tito”, los comunicados
El 16 de abril el mandatario respaldó y se sumó a un comunicado que varios exfuncionarios del gobierno de Álvaro Arzú publicaron con el objetivo de rechazar el juicio, porque podría fomentar la polarización y poner en peligro los Acuerdos de Paz.
Pérez fue uno de los comisionados por el Ejército para las negociaciones durante la administración de Arzú.
“Me sumo a las declaraciones (...) yo estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo en esa declaración pública. No solo la respaldo, me sumo a ella”, indicó Pérez.
El 18 abril, el día que la jueza Carol Patricia Flores anuló el juicio por genocidio, Pérez fue mesurado y declaró: “No lo esperaba. No sabía que había recursos de este tipo”.
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