Los nueve detenidos ayer en Huehuetenango por la masacre del jueves 13 de junio pasado en la subestación policiaca de Salcajá, Quetzaltenango, escucharán en breve en el Juzgado de Turno los delitos que se les imputan; mientras, el
Ministerio Público pidió que sea un Tribunal de Alto Impacto el que conozca el caso.
Ellos son Wilson Fredy García Chávez, elemento de la PNC, presunto “informante” de la banda, Sandra Amarilis Bedoya Morales, María Isabel Sales López, Emerson Villatoro Cano, Elmar Dagoberto Calderón Villatoro, (a) “el Gringón”; Bacilio Quib Pacay, (a) “el Bazuca”, Augusto Chavarría, Ricardo Quib Huitz y Jeremías Rax Chú.
Se les responsabiliza de los asesinatos de Amílcar Bosbelí Castillo De León, Héctor Tun Busel, Estuardo Gabriel López Wieles, Juan García Chum, Rodolfo Herrera Solís, Omar Estuardo Tomás Mérida, Rigoberto Sales Hernández y Selvin Roderico Fuentes Miranda, todos de la PNC.
Las nueve detenciones se dieron este domingo en el contexto de la Operación Dignidad, que incluyó 38 allanamientos domiciliares por las Fuerzas Especiales, Ejército y Ministerio público. Decomisaron 15 vehículos –varios blindados–; cinco fusiles AK-47, 15 pistolas, tolvas y municiones, US$6 mil, Q125 mil y pesos mexicanos.
En principio, según el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, las líneas de investigación determinan que la matanza fue perpetrada por esta estructura del crimen organizado, como venganza porque supuestamente el jefe de la subestación, subinspector Julio César García Cortez, le robó dinero a la banda.
La fiscal general, Claudia Paz y Paz, aseguró que el Ministerio Público ha recopilado suficientes pruebas. “Son los responsables de la muerte de los ocho policías” y del secuestro del subinspector García. De este solo se encontraron tres dedos de una mano y la camisa del uniforme, en un río de La Democracia, Huehuetenango.
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