Cada día, más de 700 toneladas de basura provenientes de los municipios de Amatitlán, Mixco, San Miguel Petapa,
Santa Catarina Pinula, Villa Nueva, San Lucas Sacatepéquez y Milpas Altas ingresan al relleno sanitario ubicado en el kilómetro 22.5 de la CA-1 ruta al Pacífico; un negocio capaz de generar millones de quetzales por medio del reciclaje del vidrio, plástico, metal, la producción de fertilizante orgánico, la venta de bonos de carbono y la generación de energía.
Hasta junio de 2012, la empresa Alternativas Ecológicas, S.A. se encargaba de la concesión del manejo y disposición de los residuos y desechos sólidos reciclables del relleno sanitario, administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), gracias a un contrato suscrito en 2007 tras una licitación internacional en la que fue la única empresa que ofertó.
La compañía invirtió más de US$11 millones en una planta industrial de reciclaje, que daba trabajo a unos 75 pepenadores que gozaban de prestaciones laborales y otros beneficios.
Aunque la concesión a Alternativas Ecológicas vencía en 2022, las autoridades de AMSA, encabezadas por Edvin Francisco Ramos Soberanis, director, y Estuardo Díaz, subdirector, decidieron derogar el Acuerdo Administrativo 387-2007, que aprobó el contrato con dicha empresa, argumentando varios tecnicismos legales.
Argumentaron que no cumplieron procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado, como que el contrato nunca fue aprobado por el Congreso de la República, requisito esencial para su validez, por lo que el Estado no está en la obligación de someterse a las estipulaciones y términos de la concesión; que la empresa no debió empezar a prestar los servicios sin esta aprobación, y si lo hizo fue por su cuenta y riesgo; y por lo tanto puede revocarse dicho contrato, según un dictamen elaborado el 9 de mayo de 2012 por los abogados Luis Eduardo Sánchez Has y Lizbeth Alonzo de Constanza, del departamento jurídico de AMSA.
Este dictamen contó con el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación (PGN), según el Dictamen 2503-2012, indicó Magaly Herrera, abogada de la PGN.
Posteriormente, la Secretaría General de la Presidencia decidió derogar el Acuerdo Administrativo 387-2007 que aprobó el contrato a Alternativas Ecológicas, según Acuerdo AC-072-2012 firmado por Gustavo Martínez Luna, secretario general, el 12 de junio de 2012. Este acuerdo nunca fue publicado en el diario oficial ni le fue notificado a la empresa afectada.
Al ser cuestionado durante una citación realizada ayer por la bancada del partido Encuentro por Guatemala (EG), Ramos Soberanis afirmó que se decidió derogar el contrato por un mandato de la Vicepresidencia de la República, posteriormente se retractó y afirmó que fue decisión de la Secretaría General.
Ramos Soberanis argumentó que se decidió derogar el contrato a Alternativas Ecológicas porque la empresa solo estaba operando a un ocho o diez por ciento de su capacidad, por lo que no cumplía con las expectativas del contrato.
Al ser cuestionado por el diputado Leonel Lira sobre la existencia de amonestaciones, sanciones o demandas a la empresa por actos de incumplimiento del contrato, Ramos Soberanis reconoció que no tienen oficios, únicamente se reunió una vez con ellos y les preguntó sobre la marcha de la operación.
Lizbeth Alonzo, abogada de la AMSA, argumentó que el contrato con Alternativas Ecológicas era leonino para el Estado (la empresa se queda con un porcentaje por la venta del reciclaje y entregaba a la AMSA el cinco por ciento y fertilizante orgánico para sus programas de reforestación); sin embargo, el diputado Lira cuestionó el porqué nunca se planteó una demanda o se declaró la lesividad de dicho contrato, sino que se les derogó bajo argucias legales.
El contrato con la empresa fue derogado finalmente en noviembre de 2012. Lo anterior llevó a los representantes de Alternativas Ecológicas a plantear dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), reclamando que el Estado no cumplió con sus obligaciones de promover el desarrollo económico de la Nación, y denunciando a las autoridades de la AMSA por amenaza al principio de libertad de industria, comercio y trabajo. Uno de estos amparos ya fue rechazado por los magistrados de la CC y el otro recurso aún está pendiente de resolverse.
Debido a lo anterior, la empresa Alternativas Ecológicas procedió a desmantelar la planta, y actualmente la basura se acumula sin ningún manejo ni compactación dentro del relleno sanitario, por lo que su vida útil se ha acortado a tres años o menos.
Un Negocio millonario
De acuerdo con un estudio realizado por la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, que abarca a las municipalidades de Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa, Amatitlán, Santa Catarina Pinula y Mixco, la concesión del negocio de la basura puede generar ingresos por más de Q120 millones anuales.
El proyecto que impulsa la Mancomunidad es licitar la apertura y manejo de un nuevo relleno sanitario, que generaría ingresos por Q100.9 millones anuales a las municipalidades, así como Q20 millones adicionales por el cobro de la recolección, para garantizar los pagos en concepto de retribución; el nuevo concesionario deberá constituir en el banco de su elección, un fideicomiso para la recolección, traslado y disposición final de los desechos sólidos por cada municipio, cuyos fondos se invertirían en obras de ornato e infraestructura.
Según el estudio, cada día ingresan al relleno sanitario 134 camiones autorizados y 14 no autorizados, que pagan por depositar unas 779 toneladas diarias de basura, de las cuales unas 630 toneladas deberían ingresar para su disposición final (1.8 libras por persona al día o nueve libras por familia diarias). La idea es que 150 toneladas diarias de desechos sean recicladas para su venta.
Intentan otorgar concesión sin licitar
Paralelo a la derogatoria del contrato con Alternativas Ecológicas, la AMSA intentó concesionar a dedo la operación de un nuevo relleno sanitario por un plazo de 25 años a Caspian, S.A., una empresa de reciente creación.
Para ello, la AMSA firmó un Convenio de Alianza Estratégica para el Manejo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Sólidos con la empresa Caspian, S.A. y la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur de municipalidades del departamento de Guatemala.
Según el convenio firmado por la AMSA, la empresa Caspian, S. A., representada por Carlos Eduardo Wyld Denes, ofrecía un terreno de 30 hectáreas y a futuro, si fuera necesario, hasta cien hectáreas ubicadas en Bárcenas, Villa Nueva, para utilizarse como relleno sanitario a cambio de hacerse cargo del manejo, tratamiento y disposición final de los desechos por un plazo de 25 años.
Cuestionado por el diputado Lira sobre si la concesión del relleno sanitario a Caspian, S.A., debía pasar por una licitación, Ramos Soberanis respondió que la idea del convenio era buscar un sitio de disposición para un nuevo relleno sanitario, una de las alternativas que se tenían, pero ya no se concretó.
Caspian, S.A., es una empresa de reciente creación, fue constituida el 22 de junio de 2012 y registra su sede en la 8a. avenida 3-90, zona 14, edificio La Rambla, Torre II, Oficina 3-1, donde operan otras empresas inmobiliarias. Su administrador único es Carlos Eduardo Wyld Denes, quien también es representante legal de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos de Guatemala, S.A., la cual fue constituida en diciembre de 2012.
“El negocio del reciclaje es muy bueno”, señaló el diputado Lira, quien inició un proceso de fiscalización a la AMSA por el manejo de sus recursos y del basurero. Agregó que la actual administración de la AMSA, que depende de la Vicepresidencia de la República, buscó argucias legales para quitarle el contrato a Alternativas Ecológicas y trasladar el negocio a otra empresa.
Se negó a firmar el convenio
El convenio fue firmado por Edvin Ramos Soberanis, en su calidad de director ejecutivo de la AMSA, y por Carlos Wyld Denes, en representación de Caspian, S.A., el 11 de febrero de 2013; sin embargo, Edwin Escobar Hill, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, se negó a firmarlo.
Consultado al respecto, Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, manifestó que desistió de firmar el convenio, porque la concesión del relleno es competencia de las seis municipalidades que se benefician de él, no de la AMSA.
“No estaba dispuesto a concesionar el relleno sanitario por 25 años a una empresa privada que tiene un convenio de cooperación con la AMSA sin el debido proceso legal. Si vamos a hacer un relleno sanitario debe ser público. No firmé porque me debo a seis alcaldías y los seis en Junta Directiva no aprobamos esa solicitud, por lo menos el proceso que ellos proponían”, dijo Escobar.
Debido a la negativa de firmar el convenio, Escobar Hill fue objeto de represalias. “A mí me llamaron para firmarlo y hubo pleito porque no quise hacerlo. Me quitaron la Bolsa (Segura), me quitaron todo el apoyo. No puedo firmar algo que no cumple con los requisitos legales”, señaló el Alcalde.
Escobar Hill agregó que la Mancomunidad no tiene nada contra Caspian y que más adelante ellos pueden participar en una licitación pública para operar el relleno, pero este continuará siendo propiedad del Estado.
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