La Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC), a solicitud de la Municipalidad de San Benito, Petén, audita desde la semana pasada el proceso de licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales que se construye en dicho municipio, por supuestas anomalías en su adjudicación a una empresa española que presentó la oferta más cara.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) resolvió adjudicar la construcción de la fase II de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Benito, Petén, a la empresa española Talent Ingeniería, Instalaciones y Servicios S. L., pese a que esta presentó la oferta más cara y debe arrendar la maquinaria para operar en el país.
En la licitación internacional realizada el 30 de abril pasado, compitieron cinco empresas: Mercadeo del Agua y Agroindustrias La Joya, que ofertó Q32 millones 990 mil; Constructora Petén, Q37 millones 233 mil 174.76; Moticsa, Q44 millones 807 mil 578.86; el consorcio Constructora de Obras Civiles, Constructora T&C y Grupo Beta, Q41 millones 410 mil 415.02, y Talent ofertó Q47 millones 22 mil 337.74.
Eran las 10:30 horas del 30 de abril, y la Junta Calificadora procedió a abrir las propuestas recibidas en presencia de los representantes de los oferentes. Las cinco empresas hicieron su propuesta económica, así como la respectiva póliza de la fianza de sostenimiento de la oferta emitida por una aseguradora nacional legalmente autorizada.
Antes de cerrarse el evento, Erwin Haroldo Cruz Herrera, representante de Talent, solicitó a la Junta Calificadora que en el proceso de evaluación se constatara la validez de las fianzas, con base al formato de garantía contenida en los documentos de licitación.
El 21 de mayo pasado, los miembros de la Junta Calificadora procedieron a analizar una por una las ofertas presentadas, empezando por la más baja: Mercadeo del Agua y Agroindustrias La Joya, la cual fue descartada porque la fianza de garantía de mantenimiento de oferta no cumplía con lo establecido en los documentos de licitación, en lo referente a la cláusula de que “el garante procederá inmediatamente a pagar al contratante sin que este tenga que sustentar su demanda”, y no cumplía con la instrucción de “ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del contratante”.
El mismo incumplimiento en el que cayó la Constructora Petén, Moticsa y el consorcio conformado por Constructora de Obra Civil-Constructora T&C-Grupo Beta, por lo que sus ofertas fueron descartadas por la Junta Calificadora. Al evaluar la oferta más cara, de Talent, determinó que esta sí cumplía con los términos requeridos en la fianza y el resto de documentos de licitación, exceptuando el requerimiento establecido de acreditar al menos el 50 por ciento de propiedad de la maquinaria requerida; sin embargo, este acreditó la disponibilidad total de la maquinaria y equipo mediante un arrendamiento, lo cual la Junta consideró razonable debido a que es una empresa española, por lo que por unanimidad decidió seleccionarla para ejecutar la obra, pese a tratarse de la oferta más cara (más de Q47 millones) de todas las presentadas.
Impugnan la licitación
Lo anterior provocó que sus competidores presentarán seis impugnaciones, las cuales fueron rechazadas por improcedentes o plantearse extemporáneamente por el MARN.
José Rodolfo Guerra Díaz, de Constructora Petén, presentó cuatro inconformidades en contra de la licitación, señalando al MARN de parcializado al favorecer a la empresa española, ya que el concurso establecía que el contratante adjudicará la obra al oferente que haya cumplido con los requisitos de los documentos de la licitación y que represente el costo más bajo, por lo que solicitó revocar la adjudicación y repetir el proceso.
Guerra argumentó, además, que todas las afianzadoras autorizadas en Guatemala disponían de un modelo de contrato revisado y aprobado por la Superintendencia de Bancos, en la que no se contempla el requisito establecido en los documentos de licitación de pagar al primer requerimiento del contratante sin que este sustente su demanda.
En el mismo sentido, Eric Escobar Hill, representante de Agroindustrias La Joya, presentó una inconformidad con un dictamen jurídico de la afianzadora Fidelis, que respaldó las ofertas de varias de las empresas participantes, en el que señala que el Código de Comercio, en su Artículo 1,030, establece los plazos legales para el pago y fundamentar, por escrito, las causales para el requerimiento. Señala además que la condición de ser “pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del contratante” es una exigencia inaceptable e imposible de cumplir en el medio afianzador nacional, así como la condición de extender su vigencia por 28 días más de los 120 días usuales, y concluye que las bases de la licitación establecen condiciones que no contempla la ley.
Sin embargo, dichas impugnaciones fueron rechazadas por improcedentes por la ministra Roxana Sobenes, quien argumentó que no cumplían lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que no se entraron a conocer, y por extemporáneas, ya que se presentaron cinco días después de publicada la adjudicación en el portal de Guatecompras, por lo que la Junta Calificadora no modificará su decisión. Además, indica que se cumplió con lo regulado en las políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la planta.
Algunos expertos consultados opinaron que la fianza de garantía de mantenimiento de la oferta no es un motivo válido que deba considerarse para descalificar a las empresas oferentes, cuyas pólizas cumplen con lo establecido en la legislación nacional.Tambiém explican que la vigencia de estos documentos puede extenderse si se solicita, y de que la licitación contempla requisitos internacionales no aplicables en el país.
La ministra Sobenes, mediante Resolución Ministerial 143-2013, de fecha 25 de junio de 2013, argumentó que la licitación cumplió con lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID y ante la “No Objeción” de este organismo financiero, por lo que resolvió aprobar lo actuado por la Junta Calificadora y autorizó a la Dirección General de Administración y Finanzas continuar con el trámite.
La última inconformidad fue planteada el 14 de septiembre pasado por Sonia Lily Rivera Ramírez, alcaldesa de San Benito, Petén. En la misma se solicita a la titular de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, Nora Segura, que nombre una comisión de auditores para proceder a una revisión meticulosa y exhaustiva del proceso de adquisición de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esto luego de las impugnaciones presentadas y porque la empresa Talent carece de la maquinaría requerida para ejecutar la obra, por lo que deberá arrendarla y presentó la oferta más cara, lo que contraviene los intereses del Estado, y concluyó que hasta no obtener información satisfactoria de la auditoría solicitada, no se dará el aval (Licencia Municipal) para la ejecución de los trabajos de construcción.
La Dirección de Auditoría Gubernamental de la CGC efectúa una auditoría con la finalidad de establecer si los procesos se cumplieron a cabalidad y con transparencia, por ello se nombró a un grupo de auditores, indicando que los detalles de la misma se darán a conocer en unas semanas.
Rivera envió una carta al representante del BID en Guatemala, señalando que no darán el aval a la ejecución del proyecto y solicitó que suspenda el trámite del préstamo y no realice ningún desembolso hasta tener el dictamen de la Contraloría de Cuentas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respondió que el proceso llevado a cabo por el MARN, y luego del análisis realizado oportunamente, se consideró que el mismo se ha ajustado a las referidas políticas en cuanto al trámite implementado, emitiéndose por tanto la “No Objeción” correspondiente, además, que ya efectuaron el primer desembolso para la construcción.
El pasado 23 de agosto se efectuó la adjudicación por parte del MARN, según detalla el portal de Guatecompras.
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