Corrupción e impunidad azotan a Guatemala señala informe de EE. UU.

El informe global de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.) detalla que la corrupción, la impunidad y la violencia social siguen presentes en Centroamérica y que en el caso de Guatemala existe corrupción institucional, sobre todo “en los sectores policial y judicial”.

En Guatemala lo más preocupante, según EE. UU., es “la corrupción generalizada institucional”, así como la participación de las fuerzas de seguridad en delitos graves como el secuestro, el tráfico de drogas y la extorsión, y la violencia social,

especialmente contra las mujeres.

Otros problemas recurrentes son los “abusos” cometidos por la Policía Nacional Civil (PNC), los arrestos y detenciones arbitrarias, el “fracaso” del sistema judicial para asegurar investigaciones completas y juicios justos, y los asesinatos de periodistas y sindicalistas.

El reporte celebra que el Gobierno haya cooperado con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, y tomara medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos; sin embargo, subraya que la impunidad continúa siendo “generalizada”.

Derechos humanos 

El documento suscrito por John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, evalúa la situación de los últimos dos años en el contexto de la defensa y protección de los derechos humanos, y destaca los casos de los alcaldes Adolfo Vivar, de La Antigua Guatemala, Arnoldo Medrano, de Chinautla, y otros ediles que fueron llevados a los tribunales por anomalías en el manejo de los fondos. Además, el informe argumenta que la corrupción es fundamento para la impunidad.

En la sección de Libertad de Expresión y Prensa, se resalta el caso del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien fue presionado con medidas legales interpuestas por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. “En agosto, Zamora reclamó que el Gobierno atentó para forzar el cierre del diario por medio de la denegación de publicidad oficial, y forzando un boicot no declarado para que la publicidad del sector privado tampoco se brinde porque el medio es crítico con su administración”, señala el documento. 

Además, se hace un recuento de las cuatro muertes violentas de periodistas y las múltiples amenazas, presiones y agresiones de funcionarios a reporteros y medios de comunicación.

Sobre los defensores de derechos humanos, el informe recuerda que el 30 de septiembre el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, acusó a extranjeros de participar en protestas sociales y anunció que serían expulsados del país por atizar las manifestaciones en Santa Cruz Barillas en contra de un proyecto hidroeléctrico. El documento asegura que ningún extranjero fue captado en alguna protesta.