Comienza periodo de recepción de tachas y señalamientos

La Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) comenzará hoy el periodo de recepción de tachas y señalamientos contra los aspirantes que buscan optar al cargo.

Los ciudadanos, miembros de la sociedad civil e instituciones tendrán cinco días, hasta el viernes 28, para presentar objeciones de los 26 abogados que actualmente integran la nómina.

“Estamos recopilando datos para determinar si hay información objetiva contra algún aspirante”, explicó David Gaitán, de Acción Ciudadana. El analista comentó que están interesados en saber dos hechos: si existen fiscales a los que se les siguió un proceso disciplinario en el MP y si algunos estarían pendientes de ser destituidos. Varios despidos de fiscales no se han efectuado debido a que el Consejo del MP,

encargado de ratificar las destituciones por faltas cometidas como trabajadores del ente investigador, no ha sido integrado por el Congreso.

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de Movimiento Pro Justicia, hizo un llamado a que se presenten documentos de objeción “debidamente fundamentados”. “Es el reto de todas las organizaciones que vayan a hacer tachas”.

Geovani Fratti, abogado y notario, indicó que presentará esta semana una tacha a título personal contra la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, porque según él, “trató de prolongar su periodo de manera inconstitucional”.

Sin tiempo

Varias organizaciones cuestionaron que la postuladora haya modificado el cronograma acordado en relación a la presentación de tachas. Según el mismo, el periodo abierto para la auditoría social comenzaría el viernes 28 de marzo, hasta el martes 1 de abril.

“Haber adelantado la fecha para recepción de señalamientos perjudicó a la sociedad civil”, comentó David Gaitán, que añadió que esta “es una forma de silenciarnos”.

Stephanie Rodríguez, coordinadora de incidencia política del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, denunció que esta modificación en el cronograma está influyendo negativamente, debido “al retraso o la no entrega de información por parte de algunas instituciones”, como el Procurador de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de Cuentas. “Nos ponen unos inconvenientes muy duros, no queremos pensar que es por un motivo extraoficial”, cuestionó.