Informes de InSight Crime vinculan al jefe del IGSS con Gustavo Herrera, supuesto operador del actual gobierno en diferentes Comisiones de Postulación, y supuesto autor intelectual del desfalco de Q350 millones en el Seguro Social durante la gestión de Alfonso Portillo.
Sus contratos se registran en el portal electrónico de la institución y con vigencia hasta el 31 de marzo. Todos estos profesionales son beneficiados con un salario mayor a los Q20 mil, algunos pasan de los Q30 mil.
El Presidente ha negado en reiteradas ocasiones que Rodríguez funja como estratega del Gobierno; sin embargo, el hecho que el presidente de la Junta Directiva del Seguro Social se rodee de ese tipo de asesores, despierta dudas respecto de sus funciones.
En la lista de asesores figuran dos abogados cuyos padres tienen otros puestos en instituciones públicas, entre ellos: Carlos Manuel Barquín Aguilar, hijo del diputado del Partido Patriota (PP) Manuel Barquín, y Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la actual titular del Instituto de la Defensa Pública Penal, Blanca Stalling.
De los 22 abogados que asesoran las operaciones de Juan de Dios Rodríguez, también se registra la contratación de la actual magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Brenda Anabella Quiñónez Donis, quien supuestamente renunció al cargo en el IGSS para tomar posesión en la Corte y devengaba un salario de Q31 mil.
Adicionalmente, se evidencia otro grupo que trabajó en el Ministerio Público (MP) y ha sido señalado de anomalías. También excandidatos políticos en el proceso electoral de 2011.
Además trabajan en el IGSS, el exguerrillero Pedro Pablo Palma Lau, quien fue diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y asesor del Ministerio de Gobernación en 2012, devenga un salario de Q20 mil, y Julio Roberto Contreras Quinteros, quien fue abogado del actual secretario de Inteligencia Estratégica, Ulises Anzueto, en el caso Bámaca, en donde también se vinculó al presidente Pérez Molina.
Asimismo aparecen, Víctor Hugo López León, defensor del exfiscal Carlos de León Argueta; Rafael Paredes Kress, representante legal de Maskana en 2010, señalado de estafar a la PNC por compra de gasolina; y Jackeline Reneé Olivet España, hija de Lesbia Jackeline España, exmagistrada de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones y exaspirante a una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, proceso en el que recibió fuertes críticas por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Control político
La directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, explicó que desde que Pérez Molina nombró a Juan de Dios Rodríguez, se ha visto una maniobra para controlar otras instituciones del sector justicia.
“Todo indica que el IGSS se ha convertido en un centro de operaciones políticas y financieras en donde, utilizando el poder político y el patrimonio de los trabajadores, se diseñan, planifican y ejecutan estrategias para cooptar instituciones”, indicó Ibarra.
La analista agregó que el IGSS también se utiliza como un centro de canje de favores políticos a cambio de contratos a funcionarios, operadores y gente vinculada a personajes de la administración de justicia.
Además criticó la intromisión del Ejército en la capacitación de jueces como una estrategia para beneficiar a militares y exmilitares. “Desde hace algún tiempo el Ejército se puso a financiar programas de capacitación de jueces a espaldas de la CSJ y de la Escuela de Estudios Judiciales, cuando no es función de ellos formar operadores de justicia”.
Pérez Molina niega vínculos con Herrera
El presidente de la República, Otto Pérez Molina, negó ayer sus vínculos con el empresario Gustavo Herrera, y aseguró que este no funge como operador político de la Presidencia.
“Esa es otra mentira. Yo no lo necesito (un operador político) y menos en el tema de la justicia”, indicó. “Podremos necesitarlos para operar en el Congreso, para negociaciones o diálogos abiertos, que estamos llevando a cabo donde hay problemas sociales. Pero ni este gobierno lo está buscando ni lo va a utilizar”, concluyó Pérez Molina.
La entidad internacional InSight Crime realizó una investigación acerca de Herrera, a quien conectó con el binomio presidencial, concretamente con la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El informe señala que la Presidencia utiliza al actual presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, como su intermediario con Herrera.
Con respecto a los casos abiertos que el Ministerio Público investiga contra Herrera, el Presidente se limitó a decir que “se debería investigar a todos los señalados y que interfieran en el sistema de justicia”.
El MP confirmó que en sus registros existen seis denuncias contra Herrera, dos de ellas están archivadas, una sobreseída y tres continúan en investigación.
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