Iniciativa busca regular el manejo de fondos por parte de gobernadores

El Congreso autorizó, el año pasado, una asignación de Q1.8 millardos, dentro del Presupuesto General del Estado –Q68.4 millardos–, para que sean ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). El techo fue avalado en cada una de las asambleas departamentales, en donde el voto del Gobernador fue decisivo para beneficiar a alcaldes del oficialismo, según estadísticas.

La asignación total es para obra gris: 2 mil 940

proyectos a nivel nacional, propuestos por los Codedes, revisados por los Consejos Municipales de Desarrollo y avalados por los Consejos Departamentales, en donde por mayoría y en asamblea se distribuye una partida a cada municipio. La Ley de Consejos de Desarrollo determina, en su Artículo 21, que cada corporación municipal decidirá la forma de su financiamiento.

A juicio de Selvin García, diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), el proceso “transparente” concluye antes de llegar a manos del Gobernador, designado por el Presidente en turno, pues en alianza con alcaldes se avalan recortes a aquellas municipalidades que no pertenecen al partido oficial.

Para evitar la manipulación de los recursos, el legislador propone cambios a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, ya que confirmó que los ediles que no pertenecen al partido en turno “son castigados”, al no aprobarles en la asamblea el presupuesto requerido. Por el contrario, los municipios oficialistas son beneficiados con una asignación mayor, aunque tengan menos población o necesidades.

El proyecto contempla reducir el número de los miembros de los Codedes, de 16 a seis personas, además, que no sea el gobernador departamental quien la presida. De aprobarse la normativa, el encargado de hacer los cálculos matemáticos de la distribución de los recursos financieros sería el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Una nueva distribución

La formula propuesta es una distribución proporcional de acuerdo a varios factores: población de cada municipio, asignación igual a todas las municipalidades, así como a los proyectos intermunicipales y que se tomen en cuenta la proporcionalidad de las aldeas, caseríos y los índices de pobreza.

“Los alcaldes han sido víctimas de parte de los gobernadores, ya que ellos inciden en que los fondos a las municipalidades se trasladen discrecionalmente”, refirió García. La iniciativa modifica el Artículo 21 de la Ley de Consejos de Desarrollo y plantea que exista “equidad e igualdad”, acotó el congresista.

Isaías Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), dijo que “podría ser que en algunas situaciones se beneficia más a un alcalde oficial que a otro que no pertenece al partido”. Explicó que el Gobernador al final no es el que aprueba el destino de los recursos, sino es un cuerpo colegiado.

El gobernador del departamento de Guatemala, Luis Palma, debatió la idea del legislador, al asegurar que debe de analizarse la distribución que se propone, pues cada departamento tiene sus particularidades.

Ejemplificó que el departamento de Guatemala recibirá este año un presupuesto de Q268.4 millones para los 17 municipios, pese a que se requirió inicialmente una asignación superior a los Q500 millones. Si se toma en cuenta la formula de García, los municipios de Villa Nueva, Mixco y Guatemala, en donde se concentra la mayor población, recibirían lo mismo que San Pedro Sacatépequez o Chuarrancho, quienes varían en sus cifras.